José Guillén, capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fue alcanzado por una bala el domingo por la noche en una avenida principal de la ciudad, situada al oeste de Caracas, donde un pequeño grupo de personas participaba en un piquete. Fue llevado a un hospital cercano, pero murió en el quirófano.
"Otra víctima de la violencia terrorista", dijo Vladimir Padrino, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, a través de su cuenta de Twitter @vladimirpadrino.
"¿De dónde viene la violencia? ¿Quién la promovió? ¿Quién da la cara después de todas las víctimas y destrozos a bienes públicos y privados?, se preguntó.
Durante las seis semanas de protestas contra el Gobierno de Maduro hubo enfrentamientos diarios entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Además de 29 muertos, los choques dejaron cientos de heridos, 1.500 detenidos y cuantiosos daños en las infraestructuras públicas.
Los opositores han llenado las calles para quejarse de la alta inflación, el desabastecimiento y la criminalidad, de los que culpan a Maduro.
Si bien las manifestaciones son las más significativas en una década, no parecen amenazar al Gobierno de Maduro, que asumió hace 11 meses tras ganar ajustadamente las presidenciales a raíz de la muerte de su mentor, Hugo Chávez, por cáncer.
Tampoco había indicios de que los manifestantes - en su mayoría estudiantes universitarios - fueran a abandonar las calles.
El gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, dijo el lunes que las fuerzas de seguridad detuvieron a un ciudadano de origen chino nacionalizado venezolano, Cheng Kwan, cerca de donde fue asesinado el capitán de la GNB, portando una pistola y un "arsenal" de municiones.
"Que alguien ahora diga que son grupos pacíficos o que están protestando por alguna demanda", dijo el oficialista El Aissami.
"Se trata de mercenarios que están a la orden de un golpe de Estado y que han asesinado a un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana. Ahí está otra evidencia más, otro elemento irrefutable", añadió mostrando las armas.
En el pasado, el Gobierno ha denunciado la incursión de mercenarios extranjeros para planear un magnicidio en el país, pero no ha mostrado pruebas concluyentes.
Según el Gobierno, la ciudad de Maracay estaba tranquila el lunes.
No obstante, en El Táchira, al oeste del país, los manifestantes volvieron a colocar barricadas retiradas por la Guardia Nacional y seguían, firmes, en su protesta.
Mientras, en Puerto Ordaz, al sur del país, testigos de Reuters informaron de enfrentamientos entre la policía antidisturbios y cientos de estudiantes.
LOS MILITARES CONTROLAN EL FEUDO OPOSITOR
Maduro ordenó el domingo a la Guardia Nacional que despejara una plaza del este de Caracas transformada desde hace un mes en un bastión de la oposición, en un intento por sofocar los focos de protesta.
La Plaza Altamira, en un barrio rico gobernado por la oposición, amaneció el lunes ocupada por unos 600 militares.
Los transeúntes que pasaban por el lugar eran revisados por los militares y obligados a abrir sus bolsos y mochilas. Poco a poco los comercios cercanos a la plaza, sitiada por más de un mes, iban volviendo a la normalidad.
"Se puede manifestar pacíficamente, pero no estamos de acuerdo con que destruyan las cosas", dijo Cenaida Pavón, una secretaria de 40 años que esperaba un autobús en la plaza.
Pero la oposición respondió a la ocupación de la Plaza Altamira asegurando que permanecerá en las calles y, como muestra, convocó una marcha el martes para pedir la liberación del líder opositor Leopoldo López, que avivó las protestas.
"Podrán militarizar Venezuela, pero jamás tendrán la cantidad suficiente de efectivos para apresar la conciencia del pueblo", dijo Freddy Guevara, miembro del partido de López.
Maduro ha culpado a la oposición de querer sembrar el caos para luego derrocarle, siguiendo el libreto de un golpe de Estado que alejó brevemente del poder a Chávez en el 2002.
Los líderes de la oposición han intentado desmarcarse de las protestas violentas y dicen que su meta es sacar a Maduro, pero mediante un referéndum revocatorio que la Constitución permitirá en 2016.
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